Dado que la legislación española en materia de sucesiones, no regula los aspectos referentes al legado relativo a la actividad del causante en los entornos digitales, el pasado día 27 de junio se aprobó en Cataluña, la Ley 10/2017 sobre las voluntades digitales.

El Gobierno catalán consideró necesario abordar y regular la voluntad digital en caso de defunción, por ello, la pionera Ley reconoce y concede valor patrimonial a los archivos digitales generados por la actividad tanto de la vida personal como profesional de una persona en los medios digitales.

En este sentido, la Ley establece que el causante, en testamento, además de ordenar su sucesión, puede dejar sus voluntades digitales y designar una persona que las ejecute, es decir, nombrará un heredero, legatario, etc. que, una vez producida la muerte del testador, deberá hacer cumplir su voluntad y, mantendrá o eliminará la herencia digital.

Asimismo, en la propia Ley se prevé la posibilidad de ordenar las voluntades digitales por medio de documento de voluntades inscrito en el Registro electrónico de voluntades, cuya organización, funcionamiento y acceso se establecerá mediante el correspondiente Reglamento.

Es preciso señalar que, la Ley atribuye al documento inscrito en el Registro electrónico el mismo valor que a los demás instrumentos de últimas voluntades, sin perjuicio de la prevalencia de los actos de última voluntad en caso de discrepancia.

En la misma Ley, se prevé como novedad, la posibilidad de que una persona en previsión de la perdida sobrevenida de su capacidad, otorgue un poder donde designe una persona encargada de ejecutar sus voluntades digitales, así como, delimitar el alcance de la gestión.

Por último, la Ley faculta, con ciertas limitaciones, a los padres y tutores a fin de que estos velen para que la presencia de los menores y tutelados en los entornos digitales sea adecuada a su edad y, de esta manera, protegerlos de los riesgos que pueda generar el uso inadecuado de los medios digitales. Cabe señalar que, la Ley recoge una serie de medidas dirigidas a conseguir dicho fin, permitiendo incluso solicitar el cierre de las cuentas activas del menor o tutelado en caso de existir un riesgo para la salud física o mental del mismo.